Alojamientos no hoteleros y la erosión del valor del destino

En política, en economía y en la vida, el problema no siempre es la falta de voluntad, sino la tardanza. Hay decisiones que, si no se toman a tiempo, pierden eficacia. Los “gringos” lo resumen en una sola palabra: timing. Nosotros, con más sabor y menos eufemismos, lo decimos de otra forma: no todas las habichuelas se ablandan con más fuego; algunas simplemente llegaron tarde al agua.

Ese parece ser el caso del crecimiento desordenado de los alojamientos no hoteleros en nuestro país, impulsados por plataformas digitales de alquiler turístico que, a la fecha, siguen operando sin un marco regulatorio claro, justo y equitativo.

Hace casi una década, cuando iniciaba el boom del turismo inmobiliario, muchos pensábamos que el crecimiento de este segmento estaría acompañado de planificación estratégica. Al fin y al cabo, el país ya era un destino turístico maduro, con décadas de experiencia, instituciones sólidas y suficientes lecciones aprendidas como para no repetir errores del pasado.

El turismo inmobiliario o residencial —modalidad en la que visitantes adquieren o alquilan propiedades para uso temporal o para su explotación turística— creció al amparo de múltiples factores: mayor conectividad aérea, aumento del patrimonio privado, búsqueda de segundas residencias y, por supuesto, oportunidades de inversión atractivas en destinos de sol y playa. Su impacto inicial fue positivo: dinamizó la construcción, el comercio, los servicios y generó un significativo efecto multiplicador en la economía.

El problema no fue el crecimiento. El problema fue permitir que creciera sin reglas claras.

Hoy, ese segmento se ha convertido en una competencia directa y desleal para el sector hotelero formal, que sí cumple con estrictas normas fiscales, laborales, sanitarias, de seguridad y calidad. Mientras tanto, una parte significativa de los alojamientos no hoteleros opera sin asumir esas mismas responsabilidades, afectando no solo la equidad del mercado, sino también la calidad del destino.

Peor aún, este fenómeno ha incidido en la composición del turismo que recibimos. El auge de ofertas de bajo costo ha facilitado la llegada de un visitante con menor capacidad de gasto, reduciendo el impacto económico real del turismo en el país, justo cuando el reto estratégico debería ser elevar el gasto promedio por turista, no abaratar aún más el destino.

Las estadísticas lo dicen todo. En 2025, República Dominicana recibió por vía aérea 7,341,745 turistas extranjeros no residentes. De ellos, un 76 % se hospedó en hoteles, mientras que un preocupante 24 % utilizó otros tipos de alojamiento, según datos oficiales del Banco Central.

En destinos clave, la tendencia es consistente: Punta Cana cerró el año con un 13 % de turistas alojados fuera del sistema hotelero, es decir, 706,530 turistas. En Puerto Plata, un 33%; La Romana, un 21%; Samaná, un 20%;  y en Santo Domingo, donde el fenómeno es más difícil de medir, muestra un alarmante 54% de visitantes hospedados en alojamientos no hoteleros.

Cada año que pasa aumenta la proporción de turistas que optan por este tipo de oferta, incrementando los riesgos en términos de seguridad, informalidad y evasión fiscal, y reduciendo el aporte directo del turismo a las finanzas públicas.

El momento ideal para regular este segmento fue justo después de la pandemia, cuando el país apostaba por una recuperación ordenada del turismo, con estándares más altos, mayor control de calidad y una estrategia clara de reposicionamiento del destino. Ese tren pasó… y no lo abordamos.

Hoy el reto es doble: regular un mercado ya consolidado —tarea compleja incluso para destinos más pequeños y menos exitosos que el nuestro— y, al mismo tiempo, corregir una imagen que empieza a calar en ciertos mercados emisores, donde República Dominicana se percibe como un destino barato, accesible y sin mayores exigencias.

Para ser más claros: en lugar de sofisticar nuestra oferta, hemos facilitado su abaratamiento. Eso no significa que sea imposible corregir el rumbo. Pero cada día que pasa, el fuego es mayor y las habichuelas más duras.

Regular los alojamientos no hoteleros es una urgencia. Exigirles los mismos estándares que cumplen los hoteles representa justicia competitiva. Y paralelamente, el sector hotelero —junto al Estado— debe articular una estrategia de comunicación e imagen que recuerde al mundo todo lo que ofrecen nuestros hoteles: seguridad, calidad, empleo formal, sostenibilidad y valor agregado.

Quizás aún estemos a tiempo de salvar el plato. Pero el reloj corre, y en turismo, como en la cocina, el timing lo es todo.